Garzón rebate uno a uno todos los argumentos del fiscal, que califica en algunos párrafos como "farragosos", "inocuos" e incluso les llega a tildar de "arcasmo".

Insiste Garzón en que es posible que al fiscal "no le guste que se haya decretado la prisión" de Pinochet pero que, en ese caso, tiene la posibilidad legal de recurrir aquellas resoluciones que considere que perjudican a su derecho e interés.

En este sentido, el juez puntualiza que ese interés del fiscal "no debe ser el de defensa de ninguna de las partes -como podría aparentar-, sino de defensa de la estricta legalidad y de persecución de las conductas delictivas".

FISCAL, INCONSTITUIONAL

El fiscal expresó en sus recursos que la actuación de Garzón vulneraba varios preceptos constitucionales, por lo que pedía la nulidad de sus actuaciones.

Garzón confía en que estas citas del fiscal se traten de "un error", y arremete contra la Fiscalía, de la que asegura que desconoce la defensa de la legalidad que le impone la Constitución Española.

Finalmente, el juez resta valor a la opinión del fiscal de que Pinochet debe ser tratado como aforado, por su condición de senador vitaliio.

Para Garzón, la normativa española se refiere única y exclusivamente a parlamentarios españoles y recuerda que nuestra legislación "no acepta la figura del senador vitalicio, que distorsiona el propio sistema constitucional y legal de elección" de representantes democráticos por parte de los ciudadanos".

"Es este sentido, es difícil comprender cómo el Ministerio Fiscal asume esta postura doctrinal que carece del mínimo rigor científico-jurídico", finaliza el juez.