Garzón considera que Pinochet, desde su posición de mando en el Gobierno chileno, "pero en el desarrollo de una actividad ajena a la función pública (...), crea y lidera una organización delictiva apoyada en las estructuras institucionales, cuya única finalidad será conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal".

Este plan está compuesto por "detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de la muerte, desplazamientosforzosos de miles de personas y desaparición selectiva de un número próximo a 3.000, con la finalidad de alcanzar una serie de objetivos político-económicos que reafirmen las bases de la conspiración y consigan instaurar el terror en los ciudadanos".

Según el juez, Pinochet no se limitó a realizar esta acción en su país, sino que "hará lo propio en el exterior, de acuerdo con los responsables militares que detentan el poder en cada momento en otros países de la zona, como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Basil y Argentina", lo que constituye el operativo conocido como "Operación Condor".

Tras el estudio de la documentación que obra en la causa, Garzón estima que Pinochet provocó que "más de 300.000 personas son privadas de libertad; más de 100.000 son expulsadas o se ven obligadas a exiliarse y las personas muertas y/o desaparecidas ascienden a 5.000 y más de 50.000 son sometidas a tortura".

OBLIGACION INTERNACIONAL

Tras narrar todos los hechos supuestamente delictivos que Garzón ha acumulado reibiendo numerosa documentación y testimonios de víctimas de la dictadura, el juez decide procesar a Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

En relación con el genocidio, Garzón asegura que "la obligación de la Comunidad Internacional debe ser descubrirlo y perseguir y sancionarlo adecuadamente, sin que presiones políticas de ningún estamento o gobierno, puedan abrir la puerta a la impunidad, porque con ella se alentarían la ejecución de nuevos actos criminales que la humanidad reudia y rechaza".

El escrito recuerda que el delito de genocidio debe entenderse como "una acción coordinada y planificada hasta en sus más mínimos detalles" y subraya que la acción de Pinochet se ciñó a esta definición, atentando contra un grupo de chilenos -y de personas de cualquier país-, que se opusieran al sistema político que el dictador encarnaba.

En cuanto al delito de terrorismo, el auto abunda sobre la comisión de "múltiples muertes, lesiones, detenciones, secuestros, colocación de explsivos e incendios", por lo que "no existe duda alguna" de que se puede tipificar como terrorismo, según el Código Penal español.

Sobre este delito, apunta también que el interés de España no radica en que haya o no víctimas españolas, sino en que el terrorismo es otro delito considerado como "crímen contra la humanidad", que debe ser perseguido, máxime cuando "se utiliza como un método de represión político-ideológica y se desarrolla desde las estructuras del Estado o desde el mismo Estado a través desus representantes".

CONSTITUCION CHILENA

El juez Garzón asegura que es necesario juzgar a Pinochet en una estructura jurídica que garantice un proceso legal, como pueden ser las existentes en España o Inglaterra.

En este sentido, subraya que Pinochet "ha de ser enjuiciado en el país en el que actualmente se encuentra o en España, que reclama su extradición". Garzón insiste en que el ex dictador debe ser remitido a España para su correcto enjuiciamiento.

No obstante, en caso de que no pudira ser así, Garzón apunta que incluso podría ser juzgado en Chile, "previa la adopción de las medidas legales correspondientes, incluída la modificación constitucional".

De lo contrario, según Garzón, si Pinochet es remitido a Chile respetando la actual legislación, "lo único que se realizaría" sería mantenerle la impunidad de la que disfruta actualmente en su país. Para el juez, esto sería contrario a lo que acaba de establecer la Cámara de los Lores Británica, a instancias de la justicia española. Además de procesar a Pinochet, Garzón ha decretado el embargo de todas sus pertenencias para cubrir las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de su actuación delictiva, asegurando de este modo que las víctimas de la dictadura puedan recibir alguna indemnización en caso de que el ex general sea juzgado.

Tras el auto de procesamiento, el juez continuará recibiendo testimonios y recopilando información, la mayor parte de ella procedente de las muchas comisiones rogatorias enviadas a Suiza yEstados Unidos, entre otros. Por el momento se descarta el viaje de Garzón a Londres para interrogar allí a Pinochet.