"Los trastornos físicos derivados del envejecimiento no llevan aparejada necesariamente una alteración de las facultades mentales", señala Garzón en su escrto, en el que explica a las autoridades británicas la regulación de la enajenación mental en la legislación española.

Cuando el Reino Unido se planteó la posibilidad de liberar a Pinochet por razones humanitarias, Garzón respondió que "en ningún caso" un procesado puede eludir la acción de la justicia por razones médicas u orgánicas, salvo en "caso de una enajenación mental sobrevenida".

Garzón afirma que, mientras no tenga en su poder el informe médico en el que se apoya el Reino Unido para baraar la posibilidad de dejar en libertad a Pinochet, "cualquier opinión que emita estará aboada a la más absoluta estirilidad".

En este sentido, insiste en la necesidad de leer dicho informe y de realizar al ex dictador chileno un segundo examen médico realizado por peritos expertos en psiquiatría, con el fin de observar si Pinochet padece enajenación mental sobrevenida, "es decir, posterior a la comisión del delito" por el que está procesado.

Añade que sólo en caso de estar oligofrénico, psicótico esquizofrénico o neurótico Pinochet "carecerá de la suficiente capacidad procesal para soportar la carga de un proceso penal".

Garzón denuncia que "el único derecho de defensa no respetado" en este caso es el de las víctimas de la dictadura chilena, "a quienes se les impide incluso la posibilidad de nombrar un perito médico que examine al procesado".

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dirige la investigación contra Pinochet por presuntos delitos de terrorismo genocicio y torturas cometidos durante la dictadura chilena, en la que desaparecieron ciudadanos españoles.