El pasado 5 de mayo, el fiscal Peláez presentó un recurso de reforma contra un auto de Garzón, en el que insistía en que España "no tiene competencia para reclamar la extradicción de personas inculpadas por delito de tortur cometido fuera de España y contra ciudadanos no españoles".

En un auto hecho público hoy, Garzón señala primero que el fiscal se opone a la ampliación del procesamiento "sin justificación jurídica lógica y coherente", quebrantando el principio de seguridad jurídica y el de equilibrio de las partes en el procedimiento.

Añade que, en su recurso de reforma, el fiscal contradice el criterio establecido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, celebrado el 6 de novimebre de 1999que declaró competente a España para juzgar a Pinochet. Garzón agrega también que existen indicios suficientes contra el ex dictador.

El pasado 30 de abril, el juez Baltasar Garzón, a la vista de que la Cámara de los Lores sólo permite la extradición de Pinochet a España por delitos de torturas, decidió procesar al general chileno por unos 70 nuevos casos de torturas. Estos fueron incorporados a la solicitud de extradición remitida a las autoridades británicas.

Contra esta decisión, el fiscal prsentó el recurso de reforma ahora desestimado y por el que mantenía que "la jurisdicción para instituir procedimiento por delito de tortura corresponde al Estado en cuyo territorio se comete la tortura (en este caso Chile), al Estado del que sea nacional el presunto delincuente (en este caso Chile), y al Estado del que sea nacional la víctima".

En este sentido, añadía, entre otras cosas, que ninguno de los 72 delitos por los que Garzón amplió el procesamiento de Pinochet "fue perpetrado por ciudadano spañol".