Fungairiño hizo estas afirmaciones ante un grupo de periodistas, a quienes explicó los pormenores del recurso d la Fiscalía contra la orden de prisión para Pinochet y contra la orden internacional que ha originado su detención por parte de las autoridades británicas.

El fiscal jefe de la Audiencia calificó de "frías y profesionales" sus relaciones con el juez Garzón al que intenta rebatir punto por punto en un recurso que firma el fiscal Pedro Rubira.

El escrito recuerda la "absoluta falta de jurisdicción" de Garzón para juzgar estos casos y llega a hablar de "indefensión" del fiscal que, en ningún moment, supo de la intención del juez de dictar prisión para Pinochet, por lo que no pudo recurrir en su debido tiempo.

Fungairiño se quejó de haberse enterado por vía de la Interpol de la detención de Pinochet y recordó que "siempre que existe solicitud de prisión se requiere el informe del fiscal".

También criticó a Garzón por la brevedad de sus fundamentos jurídicos e incluso aseguró que de la lectura del auto del juez "lo único que queda acreditado" es que Pinochet fue jefe de la Fuerzas Armadas chlenas, pero "no se acredita indiciariamente el nexo causal con los delitos que se le imputan".

PINOCHET, AFORADO

La Fiscalía critica duramente el trato dado a Pinochet y recuerda que se trata de una persona aforada, por lo que así debe ser considerado, en razón a los acuerdos internacionales para el especial tratamiento al personal diplomático.

En este sentido, para Fungairiño, lo normal es que, en caso de pretender interrogar a Pinochet, debiera ser el Tribunal Supremo español el que instara u suplicatorio a las Cortes, primero españolas y luego chilenas.

Por ello, Fungairiño aseguró que "no se cumplen los requisitos exigidos para la extradición". No quiso precisar si la Fiscalía recurrirá la solicitud de extradición de Garzón, pero recordó que es el Gobierno, en última instancia, quien debe decidir si se lleva a cabo o no esa solicitud y que es el Ministerio de Justicia el que tiene la última palabra.

Citó algunos casos en los que el Gobierno se ha opuesto a tramitar una extradición edida por un juez y también ocasiones en las que juez y fiscal -como va a pasar en este caso- muestran diferentes opiniones sobre la conveniencia de la extradición.