En declaraciones a Servimedia, Tardón señaló que en esta resolución se enfrentan dos supuestos: por un lado, la obligación de juzgar los delitos de genocidio que afectan a toda la humanidad y, de otra parte, la soberanía de un Estado que reclama que Pinochet sea juzgado en Chile y no en España.

Tardón subrayó que el hecho de que Pinochet cometiera los delitos que se le imputan cuando era jefe de Estado, "no es oponible" a que sea juzgado, "porque atentó contra a humanidad y no se puede amparar en el derecho de impunidad", concluyó.