Según informaron hoy fuentes jurídicas, la fiscalía considera que la ley no fija claramente la frontera entre las funciones del poder Ejecutivo y las del Judicial, máxime en un caso como el que afecta al ex dictador chileno Augusto Pinochet, donde intervienen ambos.

Garcés presentó la querella contra Matutes por haber ordenado al fiscal británico, que defiende los intereses de España e el proceso de extradición contra Augusto Pinochet, que no recurra la posible decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, de dejar en libertad al ex dictador chileno.

En su escrito, Garcés sostiene que la actuación de Matutes constituye un delito de denegación de auxilio a la justicia y supone un acto "obstruccionista" que persigue impedir "radicalmente" el ejercicio de los derechos constitucionales de las víctimas de Pinochet.

"La persecución de los crímenes contra la humanidad reqiere que la acción de los tribunales no sea obstruida por consideraciones incompatibles con el Estado de Derecho y con las obligaciones internacionales que ha asumido España al suscribir los tratados internacionales contra la tortura y el genocidio", señaló Garcés.

Garcés solicita al Supremo, entre otras cosas, que obligue al Ministerio de Asuntos Exteriores a transmitir de inmediato a la fiscalía británica las instrucciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que apele la decisión el ministro Jack Straw, en caso de que éste dispusiera finalmente la no extradición de Pinochet a España.