En un recurso de reforma contra un auto del juez Baltasar Garzón, el fiscal del caso, Ignacio Peláez, asegura que "España no tiene competenia para reclamar la extradicción de personas inculpadas por delito de tortura cometido fuera de España y contra ciudadanos no españoles", por lo que rechaza la ampliación del procesamiento del ex dictador Augusto Pinochet.

El pasado 30 de abril, el juez Baltasar Garzón, a la vista de que la Cámara de los Lores sólo permite la extradición de Pinochet a España por delitos de torturas, decidió procesar al general chileno por unos 70 nuevos casos de torturas. Estos fueron incorporados a la solicitud de exradición remitida a las autoridades británicas.

El fiscal mantiene en el recurso hecho público hoy que "la jurisdicción para instituir procedimiento por delito de tortura corresponde al Estado en cuyo territorio se comete la tortura (en este caso Chile), al Estado del que sea nacional el presunto delincuente (en este caso Chile), y al Estado del que sea nacional la víctima".

En este sentido, añade que ninguno de los 72 delitos por los que Garzón amplió el procesamiento de Pinochet "fue perpetradopor ciudadano español".

La fiscalía va más lejos y señala que el auto, con fecha 5 de noviembre de 1998, por el que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró competente a España para juzgar a Pinochet, no incluyó que pudiera hacerlo por los delitos de torturas.