El escrito, firmado por el fiscal Ignacio Peláez y ratificado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, respondía al auto hecho público la semana anterior por el juez Manuel García-Castellón, en el que asumía la competencia para inestigar la desaparición de miles de personas durante la dictadura chilena, entre ellas varios españoles.

La Fiscalía de la Audiencia, que sigue las instrucciones que en su día le transmitió el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, rechaza que se puedan perseguir delitos que no estaban previstos en la legislación española hasta que entró en vigor la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, en 1985, y destaca que la mayoría de los hechos aquí enjuiciados sucedieron antes de esa fecha.

Por ello,rechaza uno a uno la existencia de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura de Pinochet y, aun en el caso de aceptar que éstos pudieran haber sido ciertos, subraya la incapacidad de la justicia española para juzgar estos hechos.

Sobre el genocidio, asegura que los desaparecidos no componían un grupo ideológico o racial concreto, mientras que sobre el terrorismo asegura que España no puede conocer de estos delitos cuando se producen en el extranjero.

Por otra parte, resecto al supuesto delito de torturas, el fiscal recuerda que en Chile, en el momento actual, "hay abiertos varios procedimientos judiciales" y la justicia española no debe entrometerse en esta cuestión. Además, apunta que algunas de las investigaciones española se refieren a "cosas juzgadas" ya por los tribunales chilenos.

Finalmente, la Fiscalía duda de la efectividad de volver a pedir a Chile documentación referida a estas cuestiones y recuerda la negativa reiterada de las autoridades del país andinopara remitir datos de la etapa dictatorial. Además, el fiscal muestra su desagrado porque el juez no considere suficientes los documentos aportados a la causa por la propia Fiscalía.