En declaraciones a Servimedia, Salazar dio la razón a Garzón y adujo que lo que está haciendo el Gobierno español es "incumplir lo que la Constitución le ordena, que es dar cumplimiento a las resoluciones judiciales y colaborar con la Administración de Justicia".

Por contra, agregó, lo que hace el Ejecutivo es "aliarse con una decisión política que lo que intenta, evidentemente, es evitar que el señor Pinochet sea extraditado a España y sea juzgado por los grves delitos que se le imputan".

El dirigente de la UPF recordó que uno de los motivos del recurso español es que el Gobierno británico quiere poner en libertad al ex dictador apelando a un informe médico del que no ha dado conocimiento a las autoridades españolas. En este sentido, explicó que el Convenio contra la Tortura establece en su artículo 9 que el Estado al que se le solicita la extradición debe comunicar todos los incidentes.

En este caso concreto, puntualizó, "se crea una indefensión aboluta del Estado solicitante -que España no quiere ejercer porque el Gobierno se da por satisfecho- y evidentemente de las víctimas, que no tienen ninguna posibilidad de conocer el contenido de ese informe".