Las mismas fuentes indicarn que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha hecho constar su opinión en un informe sobre la querella presentada el pasado 18 de febrero contra el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, por filtrar a la prensa el informe médico.

El fiscal considera que mientras se averigua "la personal responsabilidad del ministro Matutes" la investigación de los hechos denunciados corresponde a "un juzgado de rango inferior al del Tribunal Supremo".

Para el fiscal, si la filtración se produjo por parte de unfuncionario del Ministerio de Asuntos Exteriores los hechos objeto de la querella podrían ser constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, previsto en el artículo 417 del Código Penal.

Según el Código Penal, "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados" podría ser castigado con penas que oscilan entre los 12 y los 18 meses de mlta y con entre uno y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Si la revelación probase un "grave daño para la causa pública o para tercero", la pena puede oscilar entre uno y tres años de prisión, mientras que la inhabilitación podría prolongarse entre los tres y los cinco años.

La acción popular en el "caso Pinochet" denunció la filtración a la prensa del informe médico del ex dictador chileno, la cual se produjo el mismo día en que la justicia londinense obligó al minitro del Interior británico, Jack Straw, a remitir el dictamen a los países que solicitaban la extradición de Pinochet.

Nada más conocerse la decisión de los jueces de Londres, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del "caso Pinochet", decretó el secreto de sumario.