El portavoz de la APM, José Luis Requero, explicó a Servimedia que el juez Garzón no puede "realzar actuaciones inmiscuyéndose en lo que es una decisión soberana de otro estado. Lo que no puede es hacer actuaciones a modo de interposición de un recurso".

Además, Requero indicó que el juez de la Audiencia Nacional "se está convirtiendo en una especie de portavoz de partes acusadoras, o una parte en un litigio donde en definitiva no tiene cabida ese tipo de actuación".

Requero elogió la labor del Gobierno español e indicó que "se está comportando como siempre se ha comportado ante un proceso e extradición, es decir, ser cauce de una solicitud y dar traslado al país donde está el sujeto que se pretende la extradición. Desde el primer momento, el gobierno ha actuado como mero intermediario de transmisión de la solicitud de extradición".

Por su parte, el portavoz de la JpD, Ricardo Bodas, dijo a esta agencia que, en la decisión del Gobierno español, "se está poniendo la política por encima de la Justicia. En estos momentos, en la decisión del Gobierno británico, y por añadidura en la del Goberno español, prima fundamentalmente su criterio político con respecto a los intereses de la Justicia".

A su juicio, "esto es una tomadura de pelo. Quince meses después de iniciarse este proceso, que esto termine por la puerta de atrás y además oscureciendo el caso me parece tremendo. Además me parece también tremendo, aparte de la decisión del ministro de Interior británico, Jack Straw, la actuación especialmente negativa del Gobierno español".