Beltrán afirmó que AI ve con preocupación que esta decisión del Ejecutivo británico la haya tomado el ministro del Interior, Jack Straw, "y no un tribunal, lo que ha imposibilitado a la acusación asistir como observadora al reconocimiento médico de Pinochet, para, en su caso, impugnarlo, o para contar con una segunda opinión médica independiente".

AI recuerda que la Fiscalía General de la Corona, que representa a España y qe ha solicitado la extradición del ex dictador, no estuvo en ese reconocimiento médico y no parece que vaya a tener el informe médico para impugnarlo.

En cambio, añadió Beltrán, dos médicos de la parte de Pinochet fueron autorizados a participar como observadores médicos en el examen, y el informe médico sólo se ha dado a conocer a Straw, a los asesores jurídicos del Gobierno británico y al ex dictador.

Comentó que Pinochet tiene derecho a la protección de la intimidad para no dar a conocer el inorme médico, "pero cuando una persona pone en tela de juicio su estado de salud en un procedimiento legal, renuncia a ese derecho a la intimidad, al menos en lo que se refiere a las otras partes implicadas en el proceso.

Por ello, AI espera que la desición de Straw no sea definitiva y que las partes implicadas tengan acceso al informe médico para impugnarlo, si no esta satisfecho con él, y evitar "indefensión".

"Como mínimo", dijo Beltrán, "se debe permitir a la Fiscalía General de la Corona el aceso a cualquier informe médico y también poder interrogar a los médicos que han practicado los exámenes. Esto es clave para que no exista indefensión", concluyó.

Amnistía Internacional remitió hoy una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores para que tramite sin demora "las alegaciones que pueda presentar el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el plazo de siete días, incluída la posibilidad, si así lo requiere el juez Garzón, de solicitar el informe médico".

También pide a la justiia británica que no deje impunes los presuntos delitos cometidos por Pinochet, en el caso de que finalmente las autoridades de ese país no extraditen a España al ex dictador.

Finalmente, a preguntas de los periodistas, Beltrán dijo que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Chile sentirán una gran "desilución" y "frustración" si el ex dictador Pinochet no es procesado en España o Gran Bretaña, ya que en Chile "es difícil" que sea juzgado por la Ley de Autoamnistía de 1978