"El Gobierno español", continuó, "se ha limitado a cumplir administrativamente con la justicia (en el 'caso Pinochet', mientras que, a la vez, muy activamente, trabajaba en pro de unas relaciones políticas y comerciales estrechas con Argentina y Chile".

Krakenberger lamenó que "nunca las víctimas de la represión en Chile y Argentina han recibido ni una sola palabra de aliento, ni siquiera han sido recibidas por el Gobierno español, en contraste con otros muchos gobiernos europeos".

"Es más", añadió, "el Gobierno no ha invocado los tratados bilaterales que existen entre España y estos dos países, para hacer que estos gobiernos (chileno y argentino) cumplan con las exigencias legales de colaborar con la justicia".

Por otra parte, el presidente de AI en España afirm que después de la sentencia del juez Bartle, "los delitos de tortura ya no son delitos políticos de los que se tengan que ocupar los políticos y los diplomáticos, son crímenes por los que se debe iniciar un procesamiento en los tribunales de justicia penal ordinaria con todas las garantías". A este respecto, recordó un pasaje de la misma sentencia, en el que el juez dice que "habrá una sola ley para un solo mundo".

INFORME

Por todo ello, Amnistía ha elaborado un informe en el que se hacen una seriede recomendaciones al Gobierno de Aznar, "para que de una vez por todas se colabore activamente con la justicia en las investigaciones en curso".

En su primera recomendación, AI solicita a las autoridades españolas que, al igual que otros gobiernos europeos, y a través de sus más altas autoridades, declare públicamente su obligación de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad, y de cooperar en su identificación, detención, extradición y castigo.

En segundo lugar, seala que el Ejecutivo debe colaborar activamente con la justicia en los casos de Argentina y Chile, poniendo a disposición de la Audiencia Nacional toda la información en su poder sobre violaciones y derechos humanos, en el período objeto de investigación judicial.

En tercer lugar, las autoridades españolas deben trasmitir a los gobiernos de Argentina y Chile su deseo de que cumplan con su obligación de colaborar con la justicia española en sus investigaciones sobre genocidio, torturas y terrorismo.

En cuarto lugar, AI indica que el Gobierno debe continuar colaborando administrativamente con la justicia en España, así como rehuir toda tentación de acuerdos extrajudiciales que puedan llevar a la impunidad efectiva de aquellos presuntos responsables de crímenes contra la humanidad en Argentina y Chile.

Por último, el Gobierno de Aznar debe declarar, públicamente, su reconocimiento al dolor de las víctinas de la represión en Argentina y Chile, y sus legítimas aspiraciones de verdad y justicia.

Este informe se ha elaborado con motivo del primer aniversario de la detención en Londres de Pinochet, que se cumple mañana. Por este mismo motivo, mañana se celebrará un acto en la plaza de Colón, de Madrid, a las 19 horas, convocado por la Coordinadora Contra la Impunidad.