Garcés declaró a la Ser que la situación de Pinochet es un asunto "estrictamente judicial y penal", que está confiado por la Constitución de forma exclusiva a los tribunales.

El letrado descalificó, además, la viabilidad de la fórmula del arbitraje y dijo que los que aseguran que merece ser estudiada, "o no se enteran de lo que esta propuest lleva dentro o, simplemente, están en un juego muy negativo y que significa un menosprecio de los convenios internacionales suscritos por España".

"Me resulta asombroso", dijo Garcés, "que haya alguien en el Gobierno español que esté dispuesto a recibir lecciones de Derecho del país (Chile) que ha hecho gala de violación sistemática de los tratatos internacionales de la tortura, del genocidio y de cuantos hay de represión y de sanción de los crímenes contra la humanidad".

Añadió que sustraer el caso Pinochet" de la vía judicial supondría un distanciamiento por parte de España de la nueva corriente internacional que pretende que los crímenes contra la humanidad no queden impunes.