Salerno declaró a Servimeia que la resolución del 3 de diciembre de 1973 de Naciones Unidas sobre crímenes de genocidio establece la obligación de los Estados de colaborar con la puesta a disposición de la Justicia de los genocidas.

Asimismo, indicó que la resolución de Naciones Unidas no estipula el derecho al asilo político para los presuntos autores de estos delitos y permite juzgarlos en el lugar donde se encuentran cuando son detenidos, por lo que garantiza el principio de la extraterritorialidad.

Para el abogado dela Premio Nobel de la Paz, "el juez Garzón cumple con este marco legal general y con lo que estipula la legislación española tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a la persecución penal de estos delitos".

Eduardo Salerno aseguró que Baltasar Garzón dispone de fundamentos jurídicos suficientes para "seguir adelante con el proceso".

Por el contrario, el jurista criticó la actitud del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, por considerar que se acoge a n interpretación errónea del delito de genocidio.

"Nadie duda hoy", agregó, "de que cuando el Estado, mediante metodología terrorista, pone todos sus recursos para aniquilar sistemáticamente a la oposición politica, incurre en un delito de genocidio".

Asimismo, acusó a Felipe González de apoyar la inmunidad de Augusto Pinochet. Salerno indicó que coincide con el ex presidente del Gobierno cuando asegura que lo ideal es que sea un tribunal internacional el que juzgue al ex dictador chileno, pero l recordó a González que eso no es posible, ya que el Tribunal Penal Internacional todavía no está constituido.