En la enmienda socialista se insta la Gobierno a que establezca conversaciones con los laboratorios que tienen la propiedad de la patente del fármaco, la multinacional francesa Russel-Uclaf, para que se pueda comercializar en España.

La aprobación del fármaco se haría dentro del marco de la legislación vigente y según establezcan los infomres previos de las autoridades científicas sobre las consecuencias para la salud de las pacientes que la utilicen.

Según la diputada socialistaMilagros Frías, la utilización de la RU-486 facilitaría la posibilidad de que mujeres sin medios económicos pudieran ejercer su derecho al aborto, dentro de los tres supuestos que marca la legislación vigente, ya que al producirse el aborto de manera espontánea "se reducen sustancialmente los gastos del proceso abortivo".

La RU-486, que se utiliza asociado a la prostaglandina, es una progesterona, que bloquea las acciones de esta hormona durante las ocho primeras semanas del embarazo y causa un abortocon menos riesgos que el realizado de forma quirúrgica.

Para iniciar los trámites de registro y comercialización del producto en un país, los laboratorios comercializadores exigen cinco condiciones: que el aborto esté legalizado, que existan centros especializados en la interrupcion voluntaria del embarazo, que se realice un seguimiento puntual de la paciente, que se garantice un control en la distribución del producto y que no exista una polémica sobre el tema.

En España se utilizó la 'píldora aortiva' en ensayos clínicos realizados en los hospitales Severo Ochoa, de Leganés, (Madrid), el del Mar de Barcelona y el Hospital General de Valencia.