Esta directiva tiene como objetivo reducir la cantidad de sustancias de riesgo en estos productos y su sustitución por otras menos contaminantes. Sólo algunas comunidades autónomas, como Aragón, Galicia y Cataluña, iniciaron sus procesos legislativos para adaptarse a la ley comunitaria.

Los Estados miembros tenían de tiempo hasta el 17 de septiembre de 1992 para adaptar su derecho nacional a la Directiva 91/157/CEE sobre pilas y acumuladores. En esta fecha, España n había comunicado a la UE ninguna iniciativa en este sentido, por lo que la Comisión inició un proceso de infracción de las obligaciones comunitarias.

El Ministerio de Medio Ambiente español entendió que el nuevo proyecto de ley para el plan nacional de los residuos urbanos era suficiente como medida inicial hacia la trasposición de la directiva. Sin embargo, la Comisión consideró esta propuesta insuficiente.

España se defendió, creyendo haber adoptado las acciones concretas y materiales que le prmitieran alcanzar los objetivos de los programas. Algunas comunidades autónomas, como Aragón, Cataluña y Galicia, habían adoptado planes de gestión de residuos. Además, el Gobierno español había iniciado estudios para establecer el poder contaminante de las pilas y elaborar un sistema para su eliminación y reciclaje.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia no consideró estas iniciativas suficientes y condenó a España. La Comisión ha decidido ahora exigir al Gobierno que cumpla la sentencia. En caso de qe no lo haga, la Comisión podría solicitar al Tribunal de Luxemburgo que imponga una multa a España.