Paloma Gómez Enbuena, portavoz de la asociación, declaró a Servimedia que el máximo órgano fiscalizador del Estado ha de actuar "ante la gravedad de los hechos reconocidos por el Gobierno y que confirman las sospechas que tuvimos desde el principio sobre el proyecto de Rafael Moneo".

Gómez explicó que su asociación también llevará la información hecha pública por el Gobierno sobre el encarecimiento presupuestario del 84% al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde tiene recurridas las obras.

"Lo que está pasando es una vergüenza y ríete tú de la verdad que se esconde realmente tras lo que ha contado el Ministerio de Cultura", añadió Gómez.

En su opinión, todo el problema surge porque "por un capricho político se quiso poner un cubo y derribar un monumento histórico como el claustro de los Jerónimos".