Ambas organizaciones, dedicadas a la protección del menor y a la lucha contra la pedofilia, consideran "absolutamente inadmisible" que agresores sexuales e individuos ya detenidos por delitos relacionados con la pedofilia puedan terminar trabajando en colegios o como monitores de tiempo libre, como ha sucedido en diversas ocasiones.

Para el presidente de Protégeles, Guillermo Cánovas, hay que comprobar "si la persona que va a trabajar con niños tiene antecedentes como agresor sexual, y no hay justificación alguna para no hacerlo así".

En opinión de estas organizaciones, casos como el de Mari Luz, ocurrido en Huelva, hacen patente la necesidad de controlar los movimientos de los pederastas y de garantizar que cumplan sus condenas, dado que "su nivel de reincidencia es muy alto y el éxito de los programas de reeducación muy escaso".

Asimismo, ambas organizaciones insisten en la necesidad de crear un registro de agresores sexuales de niños, similar al existente en otros países, como Gran Bretaña, que permite que la policía tenga identificados y localizados a este tipo de delincuentes.

Según Cánovas, "no se trata de establecer un registro público, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, sino como se hace en Europa; un registro al que tengan acceso las autoridades y las unidades de Policía", para que tengan una herramienta con la que trabajar más eficazmente.