En su escrito de pruebas, la CHE argumenta sus peticiones económicas y cifra en 1.432.000 pesetas el daño causado por la avería de los sistemas de depuración en el dominio público, y en 541.000 pesetas la pena por duplicar la producción autorizada durante 300 días al año.

Esas cantidades suman los 164 millones que la confederación ha solicitado como indemnización por daños en el dominio público, además de la multa de 50 millones -la máxima autorizada por la Administrción- por una falta muy grave debido a los vertidos de residuos al Ebro sin haber comunicado previamente, y en el plazo que marca la concesión, la avería sufrida en los sistemas de depuración.

Según fuentes autorizadas de la CHE, al presentar las acusaciones, "hemos sido muy meticulosos", de forma que aportaron un extenso expediente que recoge las infracciones de la empresa y sus incumplimientos.

Hacen especial hincapié en el quebrantamiento sistemático del pliego que con fecha de diciembre de 197, otorgó este organismo a la empresa para verter sus residuos.

También dicen que la empresa superó el plazo de aviso señalado en caso de avería de los sistemas de depuración, ya que tardó más de diezhoras en denunciarla.

Ese proceso de contaminación dejó sin agua, durante varios días, a una docena de pueblos de la ribera del Ebro, próximos a Zaragoza, algunos de los cuales decidieron pesentar querellas criminales contra la papelera.