La joven, que sufría depresiones, desapareció de su domicilio el 5 de mayo de 1994 y fue hallada muerta por un agricultor en un olivar cercano a la localidad pacense de Aceuchal.

Meses más tarde, después de que los familiares de Maite Santos movilizaran a la sociedad extremeña encabezando manifestaciones para que se esclarecierael crimen y para exigir que los asesinos y violadores cumplieran las penas íntegramente, se descubrió a los que hoy se considera autores de aquel crimen: los hermanos José Florencio y Manuel Francisco Balsera Fernández, de 32 y 28 años, respectivamente, sin antecedentes penales.

Las acusaciones, el fiscal, el acusador particular y la acción popular, ejercida por la Asociación de Mujeres Clara Campoamor, coinciden en el relato de los hechos en la tarde de 5 de mayo de 1994, cuando los dos hermanos Balsra, que iban en un coche 'Reanult 12', vieron en el arcén de la carretera a la joven, que deambulaba sin rumbo debido a que estaba sufriendo un brote agudo de la enfermedad depresiva que había sufrido un año antes.

Tras detener el coche junto a ella, la chica subió al vehículo. Entonces se desviaron a un camino de tierra hasta llegar a un paraje conocido como "Los estiles", donde la sacaron a la fuerza y el mayor de los hermanos, con la ayuda del otro, que sujetaba a la muchacha, la violó.

Despué de violarla, la joven se quedó semiinconsciente y José Florencio Balsera le tapó la boca y la nariz hasta que murió. Cuando los dos hermanos, siempre según la versión de las acusaciones, se aseguraron de que estaba muerta, la envolvieron en una manta, la metieron en el maletero del coche y la escondieron en una caseta cercana.

Dos días después volvieron y la trasladaron a las proximidades del lugar donde cometieron los hechos. La defensa de los dos hermanos niega los hechos y pide su absolución.

La petición de pena para ambos de todas las acusaciones es de 30 años por el asesinato y 20 por la violación, mientras que por la falta de hurto el fiscal pide 30 días y el resto de acusaciones 6 meses. La acusación particular y la acción popular piden también una pena de destierro por los 30 años de tiempo de condena.