Las citadas asociaciones de consumidores han pedido indemnizaciones a los afectados por los numerosos abusos cometidos contra ciudadanos europeos a causa del vacío legal.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), representada por la abogada Sara Ayats, del despacho Lafili Van Crombrugghe & Partners en Bruselas, en colaboración con otras asociaciones de consumidores europeas de Bélgica, Holanda e Italia, presentaron la denuncia el pasado 18 de febrero.

El procdimiento jurídico interpuesto por la OCU contra España ante el Consejo se basa en el principio de responsabilidad objetiva del derecho comunitario, que establece que un Estado es responsable de un delito ante quien lo sufre cuando se produce por no haber traspuesto la directiva correspondiente en el plazo determinado para ello. Según la abogada Ayats, el Estado español cometió una manifiesta y grave violación del Derecho comunitario por el retraso en la trasposición de la directiva.

La directiva comuntaria fijaba el 29 de abril de 1997 como fecha límite para su trasposición. Sin embargo, la incorporación al ordenamiento jurídico español no se produjo hasta la publicación, el 5 de enero de 1999, de la ley española 42/1998, infringiendo España el plazo legalmente establecido.

Según los consumidores, durante este lapso de casi dos años las empresas especializadas en la gestión del disfrute por turnos de las viviendas turísticas aprovecharon para someter a miles de ciudadanos comunitarios a prácticas e venta agresivas que limitaban la libre capacidad de decisión y daban lugar a la elaboración y firma de contratos abusivos para la compra del tiempo compartido en inmuebles de Baleares, Canarias o Costa del Sol.