La citada asociación sostiene que la competencia "objetiva y funcional" para investigar el caso es de los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla y no de la Audiencia Nacional.

"Las falsedades documentales, la presentación de documentos falsos en juicio, o el encubrimiento, son delitos comunes que deben ser enjuiciados por los tribunales ordinarios, y no por un tribunal especial como es la Audiencia Nacional", cuyas competencias están contempladas en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Asismismo, sostiene que no existe conexidad entre los hechos de este caso y otras causas abiertas en la Audiencia Nacional que justifiquen la alteración de las normas de competencia.

Además, recuerda que, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 238.1, es nulo de pleno derecho cualquier acto procesal que se produzca "por tribunal con falta de competencia objetiva o funcional".

Asimismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M afirma que el pasado 22 de septiembre presentó en los Juzgados de Instrucción de Madrid una querella contra determinados miembros del Cuerpo Nacional de Policía por presuntos delitos de falsificación de documento público, presentación en juicio de documento falso y encubrimiento o, subsidiariamente, de omisión del deber de perseguir delitos.

En un comunicado, la citada asociación asegura que "confía en que el juez Garzón se dé tanta prisa en resolver esta cuestión de competencia e inhibirse a favor de los Juzgados de Plaza de Castilla, como la que se ha dado en asumir la causa y señalar para este jueves las primeras declaraciones".

Garzón abrió diligencias previas, declaradas secretas, en este caso a raíz de una denuncia presentada por la asociación España y Libertad y decidió citar para este jueves, 28 de septiembre, a cinco testigos: el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y los cuatro peritos policiales que elaboraron el citado informe.

La denuncia de España y Libertad, versa sobre el informe policial oficial que se realizó acerca del ácido bórico encontrado en 2004 en la casa de Hassan El Haski, procesado en el caso del 11-M.

La razón por la que la denuncia fue remitida a Garzón y no al juez Juan del Olmo, instructor del sumario sobre el 11-M, consiste en que la investigación sobre la masacre ya ha concluido y que Garzón tiene un procedimiento abierto contra El Haski, según las mismas fuentes.