La representante del Ministerio Público acusa a Zubillaga de un delito continuado de daños terroristas en concurso con un delito de tenencia de explosivos.

Landeras sostiene que el acusado formaba parte del Legazpiko Gazte Indarra (LGI) (Fuerza Joven de Legazpi), un grupo que se integraba dentro del conocido como Movimiento de Liberación Nacional Vasco y apoyaba "la estrategia de lucha armada de ETA", según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Desde febrero de 1999 a septiembre de 2000, el citado grupo llevó a cabo diversas acciones de "kale borroka", entre las que destacan el envío de cartas amenazantes a concejales socialistas de la localidad así como al entonces alcalde, Juan Ramón Larrañaga, de Eusko Alkartasuna.

También se le atribuye la realización de pintadas amenazantes así como el ataque con artefactos incendiarios al Batzoki (local del PNV) del municipio.

Dentro de esta estrategia de acoso, en la madrugada del 6 de septiembre de 2000, el acusado, junto con otras personas no identificadas, incendió con gasolina el coche de un agente de la Ertzaintza de la localidad y, posteriormente, lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda del policía.

Los daños provocados en el coche y en el domicilio fueron valorados en cerca de 3.600 euros. El ataque fue reinvindicado por el LGI a través de una llamada a la emisora "Euskadi Irratia".

Además de pena de cárcel, la fiscal Landeras pide que el acusado indemnize al agente los daños ocasionados en su coche y en su domicilio.