Robles y Caja anunciaron que se reunirán con el Defensor del Pueblo el próximo 21 de julio en Madrid para presentarle el dictamen por el que Enrique Múgica debería recurrir la ley catalana en defensa de la "libertad lingüística" y para proteger el castellano.

Este parlamentario catalán, que es ex dirigente de Ciudadanos, y el presidente de Convivencia Cívica están promoviendo estas gestiones en representación de una quincena de entidades cívicas y de asociaciones de padres.

En concreto, entre los colectivos que apoyan el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Catalana de Educación estánla Asociación por la Tolerancia", "Galicia Bilingüe", el "Foro Ermua" y la "Plataforma Valenciana para la Libre Elección de Lengua".

En este sentido, Francisco Caja sostuvo que la Ley Catalana de Educación pretende legitimar "un golpe de Estado educativo" en contra del castellano.