En el escrito, el CERMI manifesta su preocupación y alarma ante el desarrollo y aplicación de la Orden CTE 3191/2002 de 5 de diciembre que tipifica las reformas de vehículos y modifica los Anexos I y II del real Decreto 736/1998, de 8 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia de vehículos de carretera.

Según la organización, la aplicación efectiva de la mencionada orden, desde el pasado 17 de juniode 2003, está produciendo unos perjuicios enormes a las personas con movilidad reducida, que para conducir sus vehículos precisan realizar reformas o adaptaciones acordes a sus discapacidades.

La orden viene a establecer requisitos técnicos, hasta ahora no solicitados, que conllevan un encarecimiento económico desproporcionado de las reformas a realizar por las personas con discapacidad, por lo que ese sobreprecio en última instancia impiden o dificulta la adquisición de un vehículo a motor por estas ersonas.

A juicio del CERMI, en esta regulación subyace una clara discriminación hacia las personas con movilidad reducida, impidiendo en la práctica acceder a un medio de transporte esencial para su desenvolvimiento personal y su integración en los diferentes ámbitos de la vida social, laboral, cultural.

Este tipo de normas, entiende el CERMI, limitan principios esenciales referidos, en este caso, a las personas con discapacidad, recogidos en los artículos 14, 49 y 9.2 del Texto Constitucional dl año 1978, como son el principio de Igualdad y la protección de los Derechos contenidos en el Título I de la Norma Fundamental.

Por último, el CERMI denuncia que "no podemos entender regulaciones, que lejos de ayudar a eliminar las barreras que acosan a las personas con discapacidad, reducen derechos y establecen limitaciones en le desenvolvimiento personal de este colectivo. Y lo que es aún más grave en el año 2003, declarado año europeo de las personas con discapacidad".