Esta recomendación está contenida en la directiva 2000/43 del Consejo Europeo relativa a la aplicación del principio de igualdad de tratode las personas con independencia de su origen racial o étnico, que aún está pendiente de ser traspuesta a la legislación española.

Así, IC pide al Congreso que inste al Gobierno a presentar, en un plazo no superior a tres meses, un proyecto de ley que sirva para trasponer el ordenamiento jurídico comunitario a la legislación española.

El proyecto de ley deberá incluir una definición de los términos "discriminación directa" y "discriminación indirecta", la concreción de medidas positivas para eviar casos de desigualdad y el desarrollo de la tramitación jucidial que deberá seguirse en caso de procedimiento judicial o administrativo para exigir el cumplimiento de esta norma.

En todo caso, el texto que se remita al Congreso deberá contemplar las medidas que servirán para proteger a las personas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que puede producirse como reacción ante una reclamación o procedimiento para exgir el cumplimiento del principio de igualdad.

En cuanto al organsmo de vigilancia, IC pide que sea independiente y que tenga una composición plural y participativa. Además, sugiere que sea presidido por una persona de reconocido prestigio entre las organizaciones que trabajan por la igualdad de trato y cuyo nombramiento deberá ser ratificado por el Congreso.

Esta nueva institución prestará asistencia a las posibles víctimas a la hora de tramitar sus reclamaciones y tendrá la capacidad de realizar estudios sobre la discriminación, de publicar informes y de formularrecomendaciones.

De igual modo, la normativa contra la discriminación por razón de raza deberá establecer un régimen sancionador que se aplique en casos de transgresión.