Según un informe presentado hoy en el Senado, esta organización calcula que tanto en Madrid como en Barcelona se invierten anualmente entre 1.000 y 1.500 millones de pesetas procedentes del erario público para velar por la seguridad durante un partidode fútbol y vigilar las actividades de los colectivos "ultras" que respaldan a los equipos en juego.

A juicio de Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, "sería de justicia" que se trasladaran los costes de seguridad ciudadana imputables a la presencia de estos "ultras" en los estadios a los clubs respectivos y a la Liga de Fútbol Profesional, teniendo en cuenta que la mayoría de los clubs respaldan de una u otra forma a estos grupos violentos.

Reiteró que "es impropio ese desgaste económico y de las Fuerzas de Seguridad por mantener algo que tendría que ser razonablemente tranquilo".

Asimismo, el Movimiento contra la Intolerancia pide a la Comisión Antiviolencia que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento del Convenio Europeo contra la Violencia en el Deporte.

Según se señala en el citado informe, los "fondos ultras" en los estadios de fútbol "son un vivero para los grupos extremistas y violentos". Agrega que "la interrelación (entre fútbol y violenci) se pone de manifiesto en las detenciones policales de implicados en sucesos graves donde la mayoría participan en secciones de grupos ultras de los principales equipos de fútbol de cada ciudad".

De igual modo, se describe el perfil de los agresores como miembros de familias de clases medias, en absoluto marginales, y que asumen colectivamente "un ultranacionalismo xenófobo hacia la inmigración, colectivos diferenciados (homosexuales, prostitutas, mendigos) y un matonismo violento hacia otros jóvenesantagónicos (de otros equipos de fútbol u otras ideologías)".