Se trata del primer delito ecológico que se juzga en esta provincia y los hechos se remontan a 1988, cuando miles de truchas murieron en un tramo de varios kilómetros del río Tera, a causa del vaciado del pantano de Valparaíso.

Según la acusación formulada por la acción popular, la Junta de Castilla y León, Iberdrola -ropietaria del embalse- y la Comisaría de Aguas serían responsables de un delito ecológico por el vertido de grandes cantidades de agua sin oxígeno desde el embalse, de nueva construcción, lo que provocó la muerte de los peces.

El vaciado del pantano se acometió con objeto de limpiar el mismo de la madera arrastrada, razón por la cual su agua fue vertida sobre el río. Sin embargo, la vista oral transcurrió entre informes totalmente contradictorios de los diferentes peritos, que discrepaban en cuanto a motivo de la muerte de los animales.

El biólogo del Icona Carlos Mondeja Reina contradijo la línea argumental de la iniciativa popular, argumentando que la muerte de las truchas no se debió al hecho de que el agua estuviera contaminada o fuera perjudicial para la especie, sino que el desembalse se llevó a cabo defectuosamente.

Según Mondeja Reina, se procedió al desembalse en la época del año que resulta más perjudicial para las especies piscícolas: en el mes de agosto, cuando el agua está más sturada de materia orgánica. Por tanto, según este perito, la responsabilidad del desastre ecológico sería de quien autorizó el desembalse en esa época.

Por su parte, los abogados de Iberdrola achacaron la muerte de las truchas en todo momento a la Comisaría de Aguas y a los técnicos de la Junta de Castilla y León, que fueron quienes supervisaron el desembalse y estudiaron el impacto ambiental del mismo.

La petición de penas por parte de la acción popular es de 100 millones de pesetas de multa par la Junta castellano-leonesa y 6 meses de arresto mayor para los responsables de la compañía eléctrica Iberdrola.