La acusación basó sus pruebas contra los miembros de la Benemérita en la grabación de unas conversaciones telefónicas de los procesados, que, a juicio de los abogados de la defensa, sn inconstitucionales, por lo que pidieron la absolución de sus patrocinados.

Además, argumentaron también la legalidad actual de la UDGC, que está a la espera tan sólo de ser inscrita en el Registro del Ministerio del Interior.

Durante la vista, los procesados se acogieron a su derecho constitucional de no declarar, excepto el guardia civil José Martínez, acusado de ser el cabecilla de la UDGC.

Martínez, de baja en el cuerpo por invalidez, no reconoció en su testimonio que las grabaciones reroducidas durante el juicio correspondan a escuchas realizadas en su teléfono particular.

Por su parte, el presidente de la UDGC, José Manuel Páez, manifestó que "todo este juicio se basa en pruebas ilegales" y afirmó que las escuchas telefónicas "son muy preocupantes, porque han estado realizadas por militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas".

"En un estado social y democrático de derecho, estas escuchas telefónicas sólo puede hacerlas un juez ordinario, nunca un Tribunal Militar", insistióPáez, quien dijo que en la actualidad muchos españoles tienen sus teléfonos 'pinchados' y "esto vulnera la Constitución española".

Los guardias civiles enjuiciados contaron con el apoyo de diversos representantes de los sindicatos UGT y CCOO, que estuvieron presentes en la vista.