Los hechos denunciados por la oposición socialista en este ayuntamiento tiene su origen en la participación de los ediles de la UPCA en un corte de carretera que tuvo lugar el 30 de agosto de 1992 protagonzado por los vecinos de Reocín.

Esta concentración ilegal dio origen a una sanción de 1.750.000 pesetas impuesta por la Delegación del Gobierno en Cantabria contra estos concejales. Estos, con sus únicos votos, aprobaron en pleno municipal que las arcas del Ayuntamiento se hicieran cargo del pago de la multa, así como de los gastos de abogado y procurador generados por formular un recurso contencioso administrativo contra la citada sanción.

El fiscal recoge en sus calificaciones que la aprobaciónde este pago se realizó en una segunda sesión plenaria a raiz de un recurso presentado por el grupo municipal socialista en la que alegaba defectos de forma. Esto dio origen a que el alcalde y los ediles encargaran un informe favorable a la interventora del consistorio, "para dar apariencia de legalidad".

Esta circunstancia ha provocado que la interventora también esté sentada en el banquillo de los acusados como cómplice de la prevaricación y que el fiscal solicite la pena de un año de inhabilitación Por su parte, la acusación particular pide para los ediles de Reocín una pena de 8 años de inhabilitación.