El acusador particular Cristóbal Fernández solicitó al Estado, como responsable subsidiario, una indemnización de 85 millones de pesetas para la familia del empresario, ya que el juez se olvidó de decretar la busca y captura del preso fugado. La defensa de Salvador Femenía solicitó la libre absolución aduciendo falta de pruebas.

Los hechos ocurrieron en septimbre de 1990, cuando el procesado no volvió a la cárcel tras un permiso de 6 días y, según el informe del fiscal, robó una escopeta y un coche con el que se dirigió al chalé que el empresario tenía en la localidad alicantina de Muro de Alcoy.

Según el fiscal, una vez que el procesado accedió al interior, obligó al empresario a punta de escopeta a darle todo el dinero que tenía en la caja fuerte. El empresario no opuso resistencia y abrió la caja fuerte al procesado, que le disparó a bocajarro, causándle la muerte.