El ministerio público, que presentó hoy su escrito de calificaciones provisionales en la ección sexta de la Audiencia de Madrid, declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado y exime de la misma al ayuntamiento, tras pedir la absolución para el ex concejal de seguridad, Enrique García Horcajo.

Los delitos contemplados por el fiscal son dos de imprudencia temeraria, un delito continuado de falsedad en documento oficial relativos a las inspecciones realizadas al local y otro de uso de documento oficial falso.

De los primeros cargos hace responsables a los copropietarios de ladiscoteca, Juan Antonio Iglesias, Carlos Mendoza, Doroteo Martín, Pedro Rascón y Emilio Urdailes, para los que solicita penas que van desde los seis meses de arresto a los 4 años de prisión.

Contra Iglesias pesa asimismo una pena de dos meses de arresto por un delito de uso de documento oficial falso.

Además, el fiscal solicita 3 años de prisión para Miguel Gabaldón, ingeniero del Ministerio de Industria, por imprudencia y delito continuado de falsedad de documento oficial, y un año para Guillerm Herranz, vocal de la junta central consultora e inspectora de espectáculos del Ministerio de Interior, por dos delitos de imprudencia.

La fiscal estima que los herederos de los 82 fallecidos en el incendio deben percibir una indmenización de 15 millones de pesetas, y los lesionados, cantidades que oscilan entre los 12 y los 35 millones, según los diferentes casos.

Las acusaciones particulares tendrán que presentar ahora sus conclusiones provisionales, después de haber llegado a un acuerdo con laAdministración para retirar los cargos contra los representantes del ministerio y del ayuntamiento, a cambio de una indemnización de 13 millones y medio de pesetas para los familiares de los fallecidos.