Preguntado si el proceder del PP en el "caso Peña" sienta jurisprudencia" en el partido, Aznar comentó que "no hay una norma general", pero añadió acto seguido: "En principio se puede pensar que sienta jurisprudencia. Evidentemente, si se diesen circunstancias parecidas, se solicitará la dimisión de quien corresponda (no quiso citar nombres)".

El líder conservador hizo estas reflexiones durante una comparecencia de prensa convocada para explicar lo tratado ayer tarde en Madrid por la Comisión Permanente del PP, a la que asistieron militantes como Isabel Tocio, que ha criticado la excesiva lentitud de "reflejos" del partido a la hora de pedir la dimisión de Peña.

Esta mañana José María Aznar no quiso revelar si en la sesión de ayer se reprodujeron las discrepancias, pero advirtió que él no va a pedir "explicaciones" de su comportamiento a ninguno de los que le han criticado en los últimos días desde sus propias filas.

En la reunión de la Comisión Permanente se aprobó una "contraofensiva" judicial consistente en personarse como acusación particular enlos diversos procesos abiertos contra el PSOE o algunos de sus dirigentes por presunta financiación ilegal (Filesa, Viajes Ceres y otros).

La dirección nacional del PP, explicó Aznar, ha tomado esa decisión después de constatar que es imposible combatir de otra forma la patrimonialización de la justicia que ha conseguido el PSOE a base de modificar el sistema de elección de las instituciones -"nadie puede creer de buena fe que el `entierro' de la separación de poderes no iba a traer consecuencias", dio-.

"MUCHA MAS CREDIBILIDAD"

Además, otra circunstancia de carácter más inmediato ha inducido a la cúpula conservadora a adoptar esa iniciativa: las encuestas reflejan, dijo, que el 70 por ciento de la ciudadanía tiene la convicción de que existen "dos varas de medir" judiciales, según los problemas afecten a socialistas o no.

De momento, el primero en inaugurar esta nueva estrategia fue el propio presidente del PP, al pedir públicamente al "secretario general del PSOE" (no quiere que Felipe Gozález se refugie en el cargo de presidente del Gobierno para eludir explicaciones) que informe a la opinión pública de cuál es el grado de implicación de su partido en asuntos oscuros de financiación ilegal; independientemente de que el PP, como acusación particular, solicite que declare judicialmente.

Lejos de pensar que el discurso anticorrupción de su partido tenga menos credibilidad por lo ocurrido en los últimos días con el "caso Peña", Aznar cree que el PP tiene "mucha más credibilidad y capacidd política y moral" para presentarse ante la sociedad como alternativa al actual estado de cosas.

"Si alguien pensaba", había advertido en su exposición inicial a los periodistas, "que iba a torcer la determinación del PP o de su presidente, en orden a conseguir la determinación moral de la sociedad española, se ha equivocado y si alguien pensaba que el PP se iba a callar, se ha equivocado".

"No habrá ni cambios ni trueques ni tapaderas", recalcó varias veces para dejar claro que el "caso Peña" n le llevará a pactar con el PSOE un silencio en casos de corrupción.

RUBIO: "SITUACION INSOSTENIBLE"

Por otro lado, José María Aznar anunció que el PP no pedirá oficialmente de nuevo la dimisión del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, porque ya lo hizo cuando debió hacerlo, al detectarse que se había beneficiado de operaciones irregulares en sus cuentas personales en el banco Ibercorp.

No obstante, el líder conservador advirtió que la situación de Rubio en el cargo, después de conocese que era sabedor de irregularidades y aún así concedió créditos a la entidad, es "absolutamente imposible", como también lo es la de quienes le mantienen en su puesto, Felipe González y Carlos Solchaga.

Respecto a la decisión del Defensor del Pueblo de no recurrir ante el Tribunal Constitucional la `ley Corcuera', Aznar opinó que Alvaro Gil-Robles ha hecho un "daño innecesario" a la institución absteniéndose de recurrir.