Este ente de derecho público y con personalidad jurídica propia, que estaría bajo control de Presidencia del Gobierno, fiscalizaría los pagos e informaría al Parlamento en el momento en que se efectúan; ni "a priori", como propone el PP en una vuelta al procedimiento que existía ace cinco años, ni "a posteriori", como sucede ahora.

El PSOE defiende el sistema actual y lo justifica en base a la necesidad de agilizar el funcionamiento de la Administración. Anteriormente a las reformas llevadas a cabo por los gobiernos socialistas, un interventor del Estado controlaba cada gasto antes de que se produjera, modelo éste que el PP quiere retomar en sus propuestas contra la corrupción.

Media hora antes de que el portavoz del CDS en el Congreso de los Diputados, José Ramón Caso, resentase las nuevas iniciativas en rueda de prensa, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, decía en la Cámara Baja que hay que ir "justamente en la dirección contraria" a la vuelta a los métodos antiguos que propone el PP.

La Agencia Estatal de Control del Gasto Público estaría presidida por el interventor general del Estado y tendría potestad para supervisar toda contratación del Estado, el control financiero de las sociedades estatales, de las subvenciones públicas y del patrimonio del Estad.

José Ramón Caso explicó que el Gobierno, en su afán por anular mecanismos de control de gasto público, ha propiciado que los entes autónomos y empresas públicas funcionen de forma "excesivamente discrecional", a sabiendas de que el Tribunal de Cuentas fiscaliza su actuación con el ejercicio anual finalizado.

REFORMAS LEGALES

Además de la creación de esta agencia, el CDS contempla en su proposición no de ley que el Gobierno presente en un plazo de seis meses un proyecto de ley que regule el réimen jurídico de los organismos autónomos y sociedades estatales.

En el mismo plazo, el Ejecutivo deberá presentar también un proyecto de ley del gasto público que regulará de modo general "el sistema de control financiero de las administraciones públicas, alcance y contenido de la función interventora y el régimen de responsabilidades de autoridades y funcionarios públicos".

Asimismo, en opinión de CDS este proyecto de ley debería incluir en su articulado la prohibición expresa de que el Gobiern, en las sucesivas leyes presupuestarios que elabora anualmente, pueda eliminar controles en el gasto público.

Por otro lado, en la proposición no de ley centrista se insta al Gobierno a que en un plazo de seis meses modifique la actual Ley de Contratos del Estado con arreglo a los siguientes criterios:

-La modificación del contrato de obra, cuando suponga un incremento en el presupuesto superior al cinco por ciento del precio de adjudicación, requerirá un informe previo de la mesa de adjudicació.

-La inclusión de cláusulas de revisión de precios exigirá justificación motivada, "en congruencia con el carácter excepcional en virtd del cual deba admitirse".

"SE HA ABANDONADO EL CONTROL DE LEGALIDAD"

Según José Ramón Caso, el Gobierno ha abandonado el llamado control de legalidad en aras de una supuesta "eficacia" en la gestión del gasto público, creando condiciones objetivas para que se den situaciones como las del escándalo de compraventa de terrenos por parte de Renfe en la localidad mdrileña de San Sebastián de los Reyes.

"Eso ha dado pie a demasiada discrecionalidad y a una falta de control sobre el buen uso del dinero público y de las decisiones públicas en el momento en que se van produciendo, lo cual puede tener efectos gravísimos sobre los caudales públicos y difíciles de corregir", añadió.

A su juicio, las propuestas de CDS suponen "luchar" para hacer el control parlamentario del Gobierno "un poco más eficaz" y más dotado de información, sobreponiéndose a la frialdad delas cuentas generales del Estado.