Según las conclusiones definitivas del fiscal en la vista que comenzó en la Audiencia Provincial de Lérida, el funcionario cobraba 50.000 pesetas para falsificar los pasaportes de las prostitutas, que procedían de distintos países de Sudamérica para que pudieran seguir trabaando en el país.

José Micol fue apartado de su servicio en el cuerpo de policía en la frontera de la Seu d'Urgell (Lérida) el 19 de febrero de 1989, cuando una ciudadana de Paraguay que trabajaba en el club "La Penyeta" de esta ciudad le reconociera, a través de una fotografía, como la persona que se dedicaba a falsificar pasaportes. A raíz de aquellos hechos, redujeron el sueldo del policía en un 75 por ciento.

La defensa de Micol pidió en el juicio la libre absolución del acusado, por entender ue no participó en ninguno de los delitos que le imputan, y destacó, en sus conclusiones, el brillante historial del policía, con el añadido de que las acusaciones podrían provenir de "una venganza de otro compañero".

Según el mismo acusado, "la labor del funcionario de policía es muy desagradable, y cuando hay un servicio o una intervención policial siempre hay alguna persona perjudicada".