Ribera entiende que tanto Jaquotot como el técnico de l empresa General Electric, Mariano Compte, y los empleados del Clínico Araceli Hernández, Pilar Comet, Esther Millán, Monserrat Ayala, Peña Zarazaga, Carmen García y Arturo Munárriz son responsables de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte.

Asimismo, acusa a los médicos radiólogos Ramón Bellostas y Paloma López de una falta de imprudencia y reclama para cada uno 80.000 pesetas de multa.

De los doce inculpados por el juez instructor, Javier Seoane, Ribera cree que no existen mtivos para abrir juicio oral contra la ex subdirectora médica del Clínico, Dolores Abós.

En el capítulo de indemnizaciones, solicita 15 millones de pesetas por cada uno de los fallecidos a consecuencia del exceso de radiaciones sufrido en el acelerador.

El fiscal expone en sus conclusiones que debido al mal funcionamiento del acelerador, ya han muerte quince personas de las veintisiete que fueron radiadas durante la avería del aparato. En tres casos de los fallecidos, no encuentra relación causa-fecto.

Para José María Ribera, la descoordinación y "una cadena de errores" están detrás de la tragedia.

Las peticiones del fiscal difieren notablemente, tanto en la responsabilidad civil como en la penal, de las que las acusaciones particulares plantearon ante el juez Seoane.

En el caso de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), llega a sugerir que se sienten en el banquillo más personas de las actualmente inculpadas, como es el caso de Ricardo Escó, jefe del Servicio de Oncología del Hosital Clínico de Zaragoza.

José Antonio Visús, de la acusación particular de la UCA, declaró que han pedido que se abra el juicio oral contra catorce personas "y por ello, solicitamos una pena de 4 años, 2 meses y un día de prisión menor, además la responsabilidad civil subsidiaria tanto del INSALUD, como del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Compañía General Electric".

Además, José Antonio Visús quiere ver también en el banquillo a José Tesifón, inspector del Consejo se Seguridad Nuclear. La UA exige 50 millones de indemnización por cada fallecido; una cifra que en otras acusaciones particulares se dispara sensiblemente.

Begoña Uriarte, abogada particular de los afectados, manifestó que solicitan "una indemnización de 8.100 millones de pesetas para todos nuestros representados, tomando como base los baremos que se están aplicando en otros países y teniendo en cuenta que no sólo se han perdido vidas, sino que se han causado sufrimientos".

Una de las acusaciones, la que representa el lerado Servando Gotor, no formuló escrito alguno de acusación ante el juez al considerar que las investigaciones deben ampliarse