El Juzgado de Cangas de Onís decidió archivar las diligencias sobre este asunto, pero el colectivo ecologista recuerda que aún queda abierta la vía administrativa, hasta ahora paralizada por estar el asunto pendiente de su resolución en los tribunales ordnarios.

El Colectivo Montañero en Defensa de los Picos de Europa achaca el archivo de las diligencias a la actuación del abogado del Estado, al que acusa de "amparar un supuesto acto delictivo de un alto cargo de la actual Administración".

"Lo sucedido en esta instancia judicial no agota el tema, pues cerrada la vía penal se debe abrir la administrativa en base a la denuncia realizada el 24 de mayo por nuestra asociación, solicitando imposición de sanciones administrativas por estos actos", señaln los ecologistas.

Este colectivo pide que se apliquen las sanciones más altas posibles en función de las supuestas irregularidades cometidas por el presidente de Renfe y las otras dos personas relacionadas en la causa. Las multas oscilarían entre 2 y 20 millones de pesetas.