El juez de la Audiencia Nacional señala en su requerimiento que en las querellas presentadas sólo se incluye el nombre de las corporaciones, sin que se identifique a los responsables que, a juicio de los querellantes, habrían cometido las irregularidades.

Ruiz Polanco ha decidido suspender "sine die" la comarecencia de los representantes legales de las principales petroleras que operan en España, que a partir de hoy deberían haber comenzado a declarar en relación a un presunto pacto en el precio de los carburantes.

Entre los querellantes figuran, entre otros, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), la Confederación del Taxi de España (CTE), la Asociación Nacional de Transporte de Viajeros (AGAPYMET), la Asociación eneral de Consumidores (ASGECO) o la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Estaba previsto que a lo largo de hoy compareciesen los representantes legales de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Cepsa Estaciones de Servicio, de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Para la segunda jornada de comparecencias, fijada para mañana, estaba previsto que declarase la representación de Agip España, deEsso Española, de Kuwait Petróleos España y de Petrogal Española.

En el última día de declaraciones previstas para esta semana debían haber comparecido los abogados de Shell España, TotalFina España, Saras Energía, Petronor y Oil Invest España.

La causa contra las petroleras se abrió en mayo de 2002, tras admitir a trámite el juez Ruiz Polanco las denuncias presentadas por varias organizaciones integradas en la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes por un presunto pacto en el precio e los combustibles.