Tanto la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como Jueces para la Democracia (JpD) desconfían de Cardenal, porque, a su juicio, tiene un "especial interés" en paralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, "sobre todo cuando están implicados el poder político o económico".

Estas declaraciones se producen después de que Cardenal paralizara la semana pasada una querella que el fiscal efe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, tenía intención de presentar contra Repsol-YPF y Cepsa por un presunto delito de fijación de precios pactados a los distribuidores cometido por ambas petroleras.

Ante la correción de su superior jerárquico, Jiménez Villarejo ha apelado formalemente al artículo 27 del Estatuto Fiscal, que le faculta para convocar a la Junta de Fiscales de Sala para que debata el asunto, aunque esta convocatoria este supeditada a la decisión final de Cardenal.

El portavz de la UPF dijo a Servimedia que no ve mucho futuro en este caso porque, "si Cardenal es capaz de enfrentarse al criterio de la Junta de Fiscales del Supremo en el 'caso Piqué' y a la totalidad de los fiscales de Baleares en el 'caso Matas', es que la opinión de los expertos no le hará cesar en su objetivo: proteger al poder político y económico".

Asimismo, en declaraciones a Servimedia, Camacho dijo que no sabe lo que hará el fiscal general en el caso de ser desautorizado por la Junta de Fiscales deSala, "porque nos tiene acostumbrados a sorprendernos día a día".

En esta línea, exigió que se tome alguna medida contra el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, "porque su interés por proteger al poder politico y económico hacen peligrar las bases dela Justicia en un Estado de Derecho".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Carmona, calificó de "llamativa" la actitud de Cardenal en relación a las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción.

En declraciones a esta agencia, señaló que el fiscal general del Estado tiene un "especial empeño" por frenar el trabajo del departamento que dirige Carlos Jiménez Villarejo, algo que, a su juicio, ya se ha producido en "repetidas ocasiones".

"En lugar de facilitar la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, tiene una especie de empeño especial en limitar su actividad, lo cual no deja de ser llamativo", dijo.

ACTUACION NORMAL

Por el contrario, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asocición de Fiscales no creen que haya motivos para dudar de la actuación de Cardenal e insisten en que se enmarca en la legislación vigente.

El portavoz de la Asociación de Fiscales, José Antonio Martín Caro, dijo hoy a Servimedia que no hay motivo para dudar de Cardenal y explicó que, si no ve indicios suficientes para continuar con una investigación, lo normal es que la paralice.

A su juicio, se trata de una simple discrepancia entre Cardenal y Jiménez Villarejo, sin mayor trascendencia. "Los que ean algo detrás de la actuación de Cardenal, sus motivos tendrán, pero a mi me parece que su actuación es correcta", dijo.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Suárez, dijo hoy a Servimedia que no se debe olvidar que el Estatuto de los Fiscales establece que Cardenal es la máxima autoridad y que hay que respetar sus decisiones.

"Hasta ahora", dijo, "se está dando los pasos adecuados y perfectamente legales" porque el Ministerio Público se basa en los prinipios de jerarquía.

"Esto supone que los fiscales que llevan casos siempre tienen que consultar con sus superiores los temas que tratan. La decisión le corresponde al fiscal superior, en este caso el fiscal general del Estado", dijo.