Estas industrias aseguran que la causa de este esfuerzo económico no está tanto en la obligación de suprimir la gasoina con plomo a partir del nuevo siglo, como en las duras exigencias para reducir el contenido de azufre en los combustibles, lo que afecta sobre todo a los países del sur de Europa (Francia, Italia, España, Portugal y Grecia).

Según las estimaciones de Repsol y Cepsa, a las que ha tenido acceso Servimedia, la primera propuesta que hizo la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes de combustibles en el año 2000 suponía, para la industria española, unas inversiones de 119.200 millones d pesetas.

El coste se elevó hasta los 196.200 millones de pesetas con el ajuste en las emisiones que propuso el Consejo de Ministros de Medio Ambiente en junio del año pasado. Sin embargo, la propuesta más cara de todas es la que mantiene el Parlamento Europeo desde esta semana, que sitúa el coste en 340.000 millones de pesetas.

Las compañías petroleras del sur de Europa creen que la directora de la propuesta del Parlamento, la eurodiputada finlandesa Madame Hautala, se ha fijado en aquellos aspetos que los países escandinavos tienen resueltos desde hace tiempo, lo que lleva a que más del 50% de los costes recaiga sobre los países del sur, frente a menos del 5% que deberían sufragar los nórdicos.

Pese a la dureza de las propuestas, la industria advierte que se trata de un proceso que acaba repercutiendo en el coste final de los productos que pagan los consumidores, y recuerdan que el Parlamento deberá ablandar su posición con la conciliación a la que se ha visto abocada esta futura directiva. Los comisarios europeos implicados en la medida ya han adelantado que se opondrán a la propuesta que hace la Eurocámara, lo que obligará a buscar el consenso en una comisión paritaria de 30 miembros, de los que 15 serán representantes del Consejo de Medio Ambiente y 15 del Parlamento.