Según informó a Servimedia el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Fernando Moraleda, se trata de una noticia "que nos llena de satisfacción".

En su auto, el juez considera que existen indicios como para abrir la investigación a las petroleras y, para ello, solicita hacerse cargo de todas las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional en este sentido.

Además, solicita a la Fiscalía Anticorrupción un informe que elaboró, tras un año de investigaciones, sobre la formación de precios por parte de las compañías petroleras en España, y que llevó a Anticorrupción a anunciar una querella contra estas compañías por concertación de precios. La querella fue frenada por el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, que no apreció pruebas suficientes para atacar judicialmente a las petroleras.

A partir de ahora, el juez Ruiz Polanco unificará todas las investiaciones abiertas sobre el presunto uso de formación privilegiada para la fijación de precios y atenderá las informaciones que puedan aportar las partes implicadas.

OPACIDAD

El secretario general de la UPA, Fernando Moraleda, mostró su alegría por la decisión del juez de la Audiencia Nacional que supone, a su juicio, "un intento por esclarecer el mercado de carburantes en España".

Para la UPA, esta intención del juez choca frontalmente con la "opacidad" del Gobierno en estos asuntos y, sobre tod, con la "militancia" del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, de quien dijo que es "permeable a los poderosos", ya que impidió la investigación contra las petroleras.

Por su parte, la Federación Nacional de Transporte por Carretera (Fenadismer) mostró en un comunicado su satisfacción por la aceptación a trámite de la querella contra las petroleras y recordó que, según sus cálculos, la supuesta concertación de precios entre estas compañías le ha supuesto al sector de los camioneros un sobrecostede unos 2.160 millones de euros (unos 360.000 millones de pesetas).