El motivo de ese posible "cartel", según fuentes de la investigación consultadas por Servimedia, es evitar una "guerra deprecios" abierta, en la que las petroleras ganarían menos dinero, ya que ofreciendo el combustible más barato a sus gasolineras, éstas podrían reducir los precios de venta al público, al tener una mayor margen entre lo que les cobra la compañía y los "techos" que impone el Ministerio de Industria.

Por su parte, los demandantes aseguran que, de no ser por estas prácticas de las petroleras, las gasolinas y los gasóleos podrían tener un precio hoy de 3 ó 4 pesetas más baratas de lo que son.

Según la fuentes consultadas, la acusación afirma que las petroleras mantienen "atados" a los gasolineros con contratos de suministro en exclusiva por varios años y un estrecho márgen de 5 pesetas por litro, cuando están ofreciendo a otros clientes en las mismas áreas de distribución precios mucho más bajos por el mismo producto; lo que según los afectados está prohibido por Bruselas porque impide la libre competencia y una reducción de los precios.

La situación adquiere niveles alarmantes al tratarse de tresoperadoras cuya influencia en el mercado es absoluta, dado que cuentan con una cuota global de casi el 90 por ciento y sus tarifas marcan la pauta de los precios que pagan los españoles por gasolinas y gasóleos.

Tanto es así, que las primeras demandas presentadas ante la Dirección General IV de la Comisión Europea han sido remitidas al Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía para que abra una investigación al respecto.

El factor que ha movido a gasolineras y Administració a movilizarse sobre este asunto ha sido la aparición en el mercado nacional de firmas como Q-8, vinculada al capital de Kuwait; Tamoil, de procedencia libanesa; Saroil, de la italiana Saras, propietaria de la mayor planta refinera del Mediterráneo, y más recientemente Meroil, participada en un 20 por ciento por la Generalitat de Cataluña y que, de momento, sólo opera en esta comunidad autónoma.

Estas firmas han logrado una mayor penetración en España desde la aprobación de la Ley del Petróleo, que esablecía una nueva figura de venta, los almacenes fiscales. Instalaciones ubicadas normalmente fuera de las grandes urbes que venden combustible al por mayor, sobre todo gasóleo, fundamentalmente a grandes clientes como cooperativas, explotaciones agrarias, colectivos vecinales en pueblos, etc.

EFECTO PERNICIOSO

La "guerra de precios" abierta por estas nuevas operadoras con ofertas entre 13 y 15 pesetas más baratas de las que ofrecen Repsol, Cepsa y BP a los gasolineros, ha empujado a estas firmas a alir a la búsqueda de esos mismos clientes con ofertas "golosas" como financiar la instalación del depósito y ofrecer precios muy inferiores, dejando "atados" a los gasolineros para competir, ya que sus contratos en exclusiva les sujetan a unos precios superiores por varios años.

Según los abogados de las primeras demandas presentadas, a las que se sudecerán varias decenas más en las próximas semanas, el "centro de la polémica está en el efecto pernicioso sobre la libre competencia de los contratos enexclusiva, porque permiten que Repsol o cualquier otra petrolera pueda vender el mismo combustible a una gasolinera y a un buen cliente de esta, a precios muy diferentes".

De momento, Defensa de la Competencia ha llamado a declarar a responsables de la Confederación Nacional de Estaciones de Servicio, así como de Saroil y Meroil, a los que podrían seguir próximamente las demás firmas de este tipo extendidas por todo el país, y por supuesto, las petroleras objeto de las demandas.

Mientras, los resonsables de Bruselas no dejan de mirar de reojo la situación porque sospechan que el comportamiento de las principales petroleras españolas no es el más respetuoso con la libre competencia.

Tamién saben que, de confirmarse las acusaciones de los gasolineros, quedaría al descubierto una situación de oligopolio entre estas compañías, que impediría que la competencia baje los precios en el gran consumo de gasolinas y gasoleos, el de los clientes particulares que llegan con su vehículo a repostar a una esación de servicio.