Los industriales y mataderos creen que las medidas de intervención del mercado deben ser las menores posibles, pero considera que hay un problema derivado de la inmovilización de animales, que son entre 20.000 y 40.000 cerdos con exceso de peso situados en las zonas de protección y que podrían ser comprados por el Estado, según señalan en la carta.

Asimismo, ASOCARNE es partidaria de que no se adopten medidas de sacrificio de lechones sino que se permita el movimiento de animales previo control erológico y demás medidas sanitarias para eliminar al máximo el riesgo de extensión de la peste porcina.