Con esta medida, el Ejecutivo pretende defender la salud de lo consumidores al facilitar las actuaciones de control de las autoridades sanitarias en cualquier punto de la cadena alimenticia, a la vez que garantiza el principio de libre circulación de mercancías.

La identificación del origen del producto (país y fabricante) será directa y puntual, mientras que sobre las condiciones sanitarias de fabricación se hará constar si el producto procede o no de un establecimiento con sistema de autocontrol (Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, quees evaluado periódicamente por la autoridad competente).