El agotamiento de los caladeros promovió a pescadores y armadores de Barbate a realizar un paro anual de dos a tres meses, con carácter voluntario a fin de procurar la recuperación de las especies.

Sin embargo, explicó Ramón Rivero las flotas de algunas poblaciones gaditanas continúan faenando sin respetar ete paro biológico con el consiguiente perjuicio para el caladero.

Ante esta situación las administraciones autonómicas y central se reunieron con los armadores y fijaron una serie de medidas que no se están cumpliendo, porque ni el Gobierno central ni la Junta de Andalucía se consideran competentes.

Según denunció Rivero, mientras que la Administración envía propaganda contra la pesca inmadura, concede licencia a otras embarcaciones "aconsejando que declaren la captura de pescado diferente al boqerón para no llegar de forma rápida a los cupos establecidos por la Comunidad Europea".

Asimismo, culpó a la Administración de permitir numerosas irregularidades por parte de embarcaciones de diferentes puertos gaditanos y onubenses, "situación que no permitiremos dados los efectos negativos que tiene para Barbate".