Según han indicado a Servimedia fuentes del Ministerio de Agricultura, la actitud intransigente mostrada por los delegados marrquíes a la última propuesta europea de reducir en un 25% las capturas de cefalópodos, ha sido la que ha llevado a la Comisaria Europea de Pesca, Emma Bonino, a decidir el levantamiento de las negociaciones.

Esta iniciativa de la UE, unida a la aceptación de la propuesta alhuita de empezar las negociaciones de cero, no han satisfecho, según las fuentes consultadas, las aspiraciones de los magrebíes, que se han mantenido en la reducción del 65% para las capturas de cefalópodos, del 50% para las de arrasre norte (sardina, merluza y lenguado) y del 30% para las de palangre, frente al 25%, 10% y 5% que defendía las autoridades comunitarias de pesca.

Las mismas fuentes señalaron que esta situación no modificará los esfuerzos del Gobierno español por lograr un acuerdo, y que no habrá ninguna variación en el plan de ayudas al amarre de la flota con el que el Gobierno ha venido ayudando a pescadores y armadores en los meses que dura el "parón" pesquero, por lo que estas subvenciones se renovarán nuevamenteen septiembre.

La propia Bonino explicaba minutos después de romperse el diálogo que esta decisión se justifica en el rechazo marroquí a los esfuerzos de aproximación que ha hecho la Unión Europea y en un hecho reseñable, que tras cinco meses de negociaciones no hay ningún aspecto cerrado y escrito, como consecuencia de una actitud -la de Marruecos- que "no me parece normal", señaló.

Bonino dijo también que propondrá el próximo mes de septiembre al Colegio de comisarios de la UE la revisión de la relaciones entre la Unión y el reino de Hassan II, incluido el acuerdo de asociación que empazaba a negociarse el mes que viene, con el fin de que actúe en consecuencia con este país en todos los terrenos.

También ha hecho pública su intención de solicitar al Ejecutivo comunitario la canalización de ayudas a través de los fondos de la UE, principalmente el IFOP (Instrumento Financiero de Ordenación Pesquera), para cofinanciar los elevados costes económicos y sociales que tendrá la decisión de paralizr la flota pesquera afectada por la ruptura de las negociaciones, de la que un 80% es española.

Fuentes de Agricultura señalaron a Servimedia que desde que empezaron a pagarse en mayo las ayudas a armadores y tripulantes, se han canalizado unos 6.000 millones de pesetas en ayudas a estos dos colectivos, a razón de unos 1.500 millones de pesetas al mes.

El reparto de las ayudas, añadieron, supone una asignación mensual de algo más de 1.000 millones de pesetas para los armadores que proceden del IFP, y el resto son las aportaciones para los trabajadores que se canalizan a través del Ministerio de Trabajo, ya que se destinan a cubrir tanto las cuotas no pagadas a la Seguridad Social como la propia ayuda por inactividad.