Según la Confederación Nacional de Sordos (CNSE), las personas sordas encontraban hasta ahora grandes barreras de comunicación a la hora de acceder a la justicia, ya que la ley no les reconocía el derecho a usar los servicios de intérpretes en los tribunales.

La decisión de proporcionar o no un intérprete de lengua de signos española o lengua de signos catalana quedaba en manos del juez, qien podía optar por desatender esta petición y obligarles a declarar por escrito, señala el comunicado de la CNSE.

La actual reforma mejora sensiblemente la situación de las personas sordas, y la equipara a la de los extranjeros que se encuentran en nuestro país, quienes sí tienen reconocido desde hace años el derecho a contar con intérpretes de sus respectivas lenguas al ser interrogados, prestar declaración o acceder a una resolución judicial ante un tribunal.

La Confederación Nacional Sordos d España (CNSE) considera que, "estamos ante un logro muy importante que rompe con siglos de indefensión jurídica y de discriminación real. Y todo por el simple hecho de no oír", señalan fuentes de la organización. La CNSE afirma que el Ministerio de Justicia ha cumplido con unos de los principales compromisos que contrajo durante 2003, Año Europeo de la Discapacidad.