Según Durán, “a pesar del cambio de paradigma, nuestros sistemas educativos siguen permitiendo segregación, marginación y fracaso para algunos grupos en situación de desventaja, como las personas con discapacidad”.

Defendió que para solventarlo “debemos en primer lugar trabajar para que muchos más chicos y chicas con discapacidad lleguen a la universidad”, pues su tasa de acceso sigue muy por debajo de la media, aunque ha mejorado.

Durán también destacó los programas de ayudas, como las becas Reina Letizia para la Inclusión, destinados a que “ninguna persona con discapacidad que tenga ganas y talento se quede fuera de la universidad” ni renuncie a su carrera investigadora. Las personas con discapacidad presentan tasas “bajas” en indicadores tan importantes como la actividad, el empleo o la participación social, pero “mejoran mucho si acceden a la educación superior”, apuntó.

Por otro lado, se refirió a la necesidad de “abrir la universidad a la discapacidad intelectual”, algo que “estamos consiguiendo gracias a los títulos propios” impulsados por Fundación ONCE y distintas universidades.

El vicepresidente de Fundación ONCE reclamó más políticos, empresarios, artistas y líderes “familiarizados con la discapacidad, que hayan convivido con ella”. “La discapacidad tiene que ser normal y natural en la universidad”, prosiguió, para que “el día de mañana, por ejemplo, haya legisladores que entiendan la urgencia de reformar la Ley de Propiedad Horizontal, que condena a 100.000 personas a vivir encerradas en sus pisos” por falta de accesibilidad.

Para ello, Durán apostó por combatir la desigualdad con la inclusión como “eje de acción prioritario”, que equivale a la máxima de “no dejar a nadie atrás”. A su juicio, esta normalización en la universidad contribuirá a “generar una conciencia social arrebatadora” que favorezca a su vez más inclusión.

Durán y Pérez Bueno compartieron mesa inaugural con Jesús Martín Blanco, director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales; Ana María Martín, vicerrectora de Ciencias de la Salud y Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca; Ana Capilla, directora General de Educación Superior y Ciencia de la OEI y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria; María Antonia Peña, presidenta de la Comisión Sectorial de CRUE para Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva; y Sonia Viñas, directora de Fundación Universia.

Los presentó Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, quien subrayó la importancia de este congreso y de “hacerlo en una universidad como la de Salamanca, la más antigua de España y que ha hecho de la inclusión bandera”.

CUESTIÓN DE DERECHOS

“Creemos importante pasar de la investigación a la acción, y de la acción a la reacción”, afirmó, porque todas las personas aquí convocadas estamos llamadas a reaccionar para lograr una educación superior inclusiva con todos”.

Para Sonia Viñas, “una educación que no es inclusiva no es verdadera educación”, y reivindicó extender este concepto más allá de la experiencia académica. Pidió “contribuir a que ese momento de pasillo, de cafetería, de deporte y de ocio en general sea inclusivo” y posibilite la participación de todos los alumnos.

En opinión del presidente de Cermi, esta década debería ser la de "la regularización de la discapacidad dentro del sistema universitario”. “Disponemos ya de un marco normativo que, aunque mejorable, ha avanzado mucho”, apuntó. Sin embargo, “seguimos siendo un elemento poco normalizado”, y defendió la generalización de los ajustes razonables, la eliminación de barreras (físicas y tecnológicas), la facilidad de las adaptaciones curriculares y la garantía de apoyos, “mediante una acción positiva flexible y adaptada”.

Por último, Pérez sostuvo que “la inclusión no puede estar supeditada a la disponibilidad de recursos, pues se trata de una cuestión de derechos humanos”. Desde las asociaciones “oímos decir permanentemente a las universidades que les faltan medios”. “Yo reconozco que es verdad, sobre todo en las públicas”, admitió, pero no puede servir de excusa. “No se pueden descuidar los derechos porque no haya dinero. Si no hay, se pinta”.

MÁS FONDOS Y NUEVAS NORMAS

No opinó igual la representante de CRUE, que exigió “más inversión y cambios normativos” a las administraciones públicas a fin de desarrollar las reformas que la universidad requiere para lograr una verdadera inclusión.

“Igual que nuestros financiadores entienden que se han de sufragar las plazas y las nóminas de los empleados, también se requiere financiación con la que llevar a cabo el cambio estructural en nuestra manera de trabajar”. De lo contrario, “podemos ir parcheando y consiguiendo mejoras, pero no serán estructurales”, advirtió.

Otra demanda tuvo que ver con la regulación. “Las universidades públicas estamos sujetas a muchas normas, algunas de ellas contradictorias entre sí, que nos impiden actuar como deberíamos para avanzar de forma decidida en la inclusión”.

Por su parte, Martín Blanco resaltó la intención del Gobierno durante la pasada legislatura de “blindar con leyes y políticas públicas los derechos” de las personas con discapacidad. “Si queremos que los cambios sean permanentes, públicos y universales”, son precisas “leyes que permitan reclamar estos derechos ante la Justicia” y “recursos para desarrollarlos”, defendió. "Espero que más pronto que tarde se forme el nuevo Gobierno”, confesó, y que las conclusiones que se extraigan de este congreso empiecen a ponerse en práctica.

MÁS PRESENCIA

A su juicio, la reserva de plazas para el Personal Docente e Investigador (PDI) que recoge la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) “es aún una signatura pendiente” en la que trabajar.

La misma idea expresó Sonia Viñas, que apeló a la necesidad de que haya “muchas más personas con discapacidad en la docencia universitaria”, que “sirvan de referente” a otros estudiantes, y también en los órganos de Gobierno, a fin de impulsar decisiones inclusivas para todos”.

Ana capilla e Isabel Martínez lamentaron por último que “estamos lejos de conseguir” el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (referido a la generalización de una educación inclusiva de calidad) para 2030, aunque reconocieron los avances logrados. De ahí la relevancia de este congreso, que contará con 80 ponentes, 98 comunicaciones, más de 300 participantes presenciales y otros 400 'online', procedentes de 20 países.

ACCESO Y PROGRESO

El VI Congreso Internacional Universidad y Discapacidad se propone no solo mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior, sino también su progreso y éxito posterior.

Para ello, el encuentro ha organizado presentaciones de redes internacionales para la inclusión, espacios de participación en los que “escuchar las voces de estudiantes y docentes con discapacidad” e intercambios para la puesta en común de buenas prácticas. En él se alternarán conferencias magistrales, mesas redondas, exposición de posters y charlas.

Además, la Universidad de Salamanca tendrá la oportunidad de exponer sus buenas prácticas en cuanto a la inclusión de alumnos con discapacidad (unos 500 en la actualidad), para los que existe un programa de mentoría a cargo de estudiantes de los últimos cursos.

La organización del VI Congreso Internacional Universidad y Discapacidad cuenta con la colaboración de los ministerios de Educación, Universidades, Ciencia e Innovación y Derechos Sociales y Agenda 2030; el Real Patronato sobre Discapacidad; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); la Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE); y el Comité Español de representantes de personas con Discapacidad (Cermi), así como el apoyo económico de Fundación Vodafone y Fundación Universia.